Industria automotriz pide no ceder a importación de Vehículos chatarra

Los representantes del sector automotor, Guillermo Prieto (AMDA), Eduardo Solís ((AMIA), Miguel Elizalde (ANPACT) y Oscar Albin (INA), solicitaron al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ceder a las presiones violentas que promueven la regularización de autos "chocolates" y dar marcha atrás en el control de la importación de vehículos usados.

Estas  anomalías  surgen  como  respuesta  a  las  acciones  de  control  instrumentadas  por  el Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Aristóteles Núñez, entre las más recientes la baja  de  las  empresas  como  Big Bear,  Copart  y  GarciPaz  del  padrón de  comercializadoras extranjeras  que otorgaban facilidades fiscales a sus clientes al momento de pagar impuestos de importación.

La  cancelación  de  estas  empresas  se  debió  a  que  proporcionaron  información  falsa  o incorrecta que causó daño fiscal y en algunas de ellas se facturaban vehículos que no habían vendido sólo para disminuir el pago de impuestos, es decir “vendían facturas".

Esas irregularidades provocaron un incremento en la entrada de autos en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015, subió 15%.

Prácticas que disminuyeron el pago de contribuciones entre un 50% y 60% y permitieron continuar con la importación de vehículos chatarra.

Unidos los fabricantes de autopartes, ensambladores de vehículos ligeros y pesados, así como los distribuidores de automotores, que en conjunto representan al principal motor de la economía nacional, cuestionaron a legisladores federales que promueven la regularización de vehículos ilegales, sumándose en su gestión a las presiones impuestas por organizaciones como Onappafa, Anapromex y otras, que a lo largo del tiempo han estafado a gente de buena fe que entrega su dinero a cambio de protección para evitar el decomiso de los autos ilegales.

En ese rubro cuestionaron si no debe la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a los líderes de esas organizaciones por los posibles delitos en materia de lavado de dinero.

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