El nuevo gobierno y su responsabilidad con la cultura

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Por José Manuel Hermosillo Vallarta, Asesor e investigador jurídico-administrativo en materia cultural

La política de acceso cultural del nuevo gobierno debe tener no solamente acciones culturales, sino un verdadero desarrollo de los derechos culturales, es decir:

· Considerar a la cultura como una actividad de interés general;

· Dar satisfacción a una necesidad de interés público.

El nuevo gobierno debe afirmar que su función pública, en el ámbito específico de la cultura, debe reconocer que este ámbito presenta un carácter de interés general; al que los poderes públicos deben necesariamente atender y respecto al cual no pueden eludir su responsabilidad; que inevitablemente debe reglamentar y financiar.

El tema de los derechos humanos (derecho a la cultura) tiene estas características. El que ello sea así, no resulta de una creencia personal, sino de las reformas de 2011, en que la Constitución fue reformada para aumentar la protección a los derechos humanos a partir del principio pro persona.

Esta nueva antropología constitucional ahora mismo, determina de un modo completamente distinto la posición de las personas frente a las autoridades estatales y obliga a los Poderes Públicos a: tomar las medidas legislativas, administrativas y financieras para proteger y fomentar en igualdad de circunstancias para todos los ciudadanos, el pleno ejercicio de sus derechos culturales.

Apenas el 29 de septiembre pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho a la cultura es un derecho polifacético que considera tres vertientes:

 1. Un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales;

2. Un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y

3. Un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente.

La realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan aprovechar, como bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura y las artes en todas sus manifestaciones.

Pretender administrar el patrimonio cultural de México y su actividad económica exige por lo menos, por parte de los poderes públicos, conocer y entender la función cultural del Estado.

La misma tarea corresponde en la participación y vinculación de esta importante labor con el sector social –artistas– y privado, cuyo propósito fundamental sea la construcción cultural de nuestro país, garantizar a los mexicanos sus derechos culturales, la protección y defensa de nuestro patrimonio cultural.

Resulta acertado pensar también, que, a dicha cita, deberán integrarse estos sectores de manera conjunta en la acción de gobierno, encaminada a la instrumentación de una nueva función cultural del Gobierno en turno, que derive en la nueva institucionalidad cultural.

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Edicion 230